La reciente comparecencia de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, en el marco del día de la lucha contra los incendios forestales, ha generado una ola de críticas y descontento entre los ciudadanos. Su discurso se ha percibido como una serie de afirmaciones engañosas que contrastan con la gestión real de los incendios en Andalucía. A pesar de una semana devastadora marcada por olas de calor que han mantenido activos hasta 40 focos de incendio, Montero no reconoció la falta de respuesta efectiva del Ejecutivo.
Durante su intervención en Rota, Montero hizo énfasis en el aumento del presupuesto para la lucha contra incendios, alegando un incremento superior al 20%. Sin embargo, datos de medios como El Debate han desmontado esta afirmación, revelando que el Gobierno de Pedro Sánchez solo ha invertido 115,8 millones de euros en prevención, una cantidad significativamente inferior a la que se destinaba antes de su llegada al poder. Estos números ponen de manifiesto una reducción del 45% en comparación con los gastos de 2018 y un 68,41% menos que en 2009.
Montero también se comprometió a presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2026, aunque su declaración fue recibida con escepticismo, especialmente tras las palabras de Oriol Junqueras, quien sugirió que su figura no es la más adecuada para alcanzar consensos políticos necesarios. Además, la vicepresidenta ha dejado claro su deseo de mantener simultáneamente su rol en el Gobierno y como secretaria general del PSOE en Andalucía, lo que levanta interrogantes sobre su capacidad para gestionar ambas responsabilidades de manera efectiva.
En medio de este contexto, la vicepresidenta criticó al Partido Popular de Andalucía en relación con su estrategia de gestión de incendios, a pesar de que los esfuerzos de los trabajos del Plan Infoca y la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias siguen vigentes. También exigió a Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, un mejor cumplimiento de la Ley básica de Bomberos Forestales, argumentando que los bomberos no deberían enfrentarse a condiciones precarias. No obstante, el Gobierno andaluz ha defendido su labor, asegurando que es la comunidad que más avanza en la aplicación de esta normativa, destacando mejoras en la categoría y condiciones laborales de los bomberos forestales.
Este intercambio de acusaciones y desinformaciones resalta un clima de confusión y desacuerdo entre las diferentes administraciones sobre la gestión de incendios, un tema crucial para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente en un contexto donde las condiciones climáticas son cada vez más adversas. La falta de transparencia y claridad en la comunicación por parte de los líderes políticos agrava aún más la desconfianza de la población, que exige una gestión más efectiva y comprometida ante una problemática que sigue siendo altamente relevante en Andalucía y en todo el país.
Fuente: Partido Popular Andalucía
