En un esfuerzo por abordar el creciente poder de las grandes compañías tecnológicas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha intensificado su ofensiva contra Google. La institución está exigiendo que la multinacional venda su popular navegador, Google Chrome, como parte de una estrategia más amplia para nivelar el campo de juego en el sector de las búsquedas en internet. Esta medida, que deberá ser evaluada por el juez federal Amit Mehta, podría marcar una pauta en el ámbito de la regulación tecnológica, generando un impacto sin precedentes.
La raíz de esta intervención se encuentra en las acusaciones de monopolio que pesan sobre Google. Según el DOJ, la empresa ha consolidado ilegalmente su dominio en el mercado de búsquedas online, aprovechando a Chrome, que detenta un 61% de cuota de mercado en Estados Unidos, como herramienta esencial dentro de su ecosistema. Este navegador no solo populariza el uso del buscador de Google sino que también impulsa otros servicios clave como Google Ads y Google Play mediante publicidad interna y restricciones de acceso a competidores.
El caso, que se remonta a la administración de Donald Trump y ha ganado terreno bajo la presidencia de Joe Biden, refleja la preocupación bipartidista acerca del poder acumulado por las grandes tecnológicas. En agosto de este año, el juez Amit Mehta determinó que Google violaba las leyes antimonopolio, un fallo que sienta las bases para las acciones judiciales actuales. El DOJ argumenta que la integración de servicios de Google en Chrome crea barreras insuperables para la competencia, desincentivando la innovación ajena.
En su defensa, Google ha descalificado las acusaciones, calificando las acciones del DOJ como «radicales» y dañinas tanto para los consumidores como para la industria tecnológica estadounidense. Lee-Anne Mulholland, vicepresidenta de asuntos regulatorios de Google, sostiene que, lejos de perjudicar, Chrome y los demás servicios de Google fomentan la creatividad y ofrecen ventajas considerables a sus usuarios.
Aparte de Chrome, Android, el sistema operativo dominante de Google, también ha sido objeto de escrutinio. Aunque su venta no está en el debate, el DOJ busca separarlo de otros servicios de Google, permitiendo a los usuarios elegir aplicaciones y servicios de terceros de manera más libre. Esta transformación abriría la puerta a nuevos actores en el competitivo mercado de aplicaciones y servicios móviles.
El caso presenta un claro potencial para reconfigurar el marco regulador de la tecnología a nivel global. Si el juez Mehta decide a favor del DOJ, esta decisión podría ser la primera en una serie de movimientos destinados a controlar el poder de gigantes tecnológicos como Meta, Amazon y Apple.
En el contexto global, las grandes tecnológicas ya están enfrentando una supervisión cada vez más dura. La Comisión Europea, por ejemplo, ha impuesto recientemente sanciones considerables a Meta por contravenir las leyes de competencia, mientras que otras regiones como China están implementando medidas similares.
A la espera del fallo del juez Mehta, queda patente que nos adentramos en una época de mayor regulación para las «big tech». Las implicaciones de esta batalla legal son significativas, ya que podrían establecer un nuevo paradigma en la manera en que los gobiernos abordan y gestionan el poder de las grandes entidades tecnológicas.
