En un análisis mordaz sobre la situación de la vivienda en España, se desmonta la retórica que criminaliza a los llamados «fondos buitre», revelando que solo poseen un 8% del mercado de alquiler, mientras que el 92% restante pertenece a particulares. Las políticas del gobierno, según el texto, perjudican a la clase media, etiquetándolas como un asalto a familias comunes más que a gigantes financieros como BlackRock. Además, se critica la manipulación del problema habitacional por parte del gobierno, destacando la insuficiencia de nuevas construcciones ante la creciente demanda. La promesa de 50.000 viviendas de la Sareb se describe como un mero espejismo: la mayoría son terrenos sin edificar, edificaciones en ruinas o ya habitadas, reduciendo el número real a unas 9.000 que no están listas para ser habitadas. Finalmente, se acusa al gobierno de desincentivar la inversión privada y de aumentar la exclusión social, mientras los sindicatos apoyados por subsidios y fondos europeos desvían la atención hacia la oposición.
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