En un entorno marcado por el creciente escrutinio del uso de las redes sociales entre los jóvenes, la reciente entrada en vigor de la Ley para Proteger a Nuestros Jóvenes de la Adicción a las Redes Sociales en California ha reavivado un acalorado debate sobre los derechos constitucionales de los adolescentes que utilizan estas plataformas. La legislación, también conocida como enmienda SB 976, que se oficializó en septiembre de 2024, impone restricciones significativas a las funcionalidades disponibles para los menores en estas plataformas, especialmente en lo referente a los sistemas de recomendaciones personalizadas.
Esta normativa demanda que las redes sociales obtengan el consentimiento parental antes de permitir que los menores interactúen con estas funciones clave, un elemento esencial en la experiencia digital de los jóvenes. Además, a partir de 2027, las plataformas estarán obligadas a implementar un sistema de verificación de edad que podría resultar en la exclusión de muchos menores de acceder a ciertos contenidos organizados en sus feeds de noticias.
A la luz de estas restricciones, varias organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas la Electronic Frontier Foundation (EFF), la Freedom to Read Foundation y Library Futures, han intensificado sus esfuerzos legales. Estas entidades han presentado un escrito de amicus curiae ante el Noveno Circuito de Apelaciones en el caso NetChoice contra Bonta. Su objetivo es impugnar la decisión de un tribunal de distrito que previamente rechazó parcialmente una orden judicial preventiva contra la SB 976.
Los críticos de la ley argumentan que las restricciones no solo afectan a los derechos de los menores, sino también a los de los adultos en el entorno digital, al imponer requisitos de verificación que podrían obstruir el acceso a discursos legítimos y vulnerar la privacidad de los usuarios.
En una controversia que plantea profundas implicaciones sobre los derechos de expresión en la era digital, el tribunal de distrito había considerado que los feeds personalizados no constituyen un acto de expresión protegido por la Primera Enmienda. No obstante, la EFF refuta esta interpretación, defendiendo que los algoritmos son, en efecto, una manifestación editorial de las plataformas que influye en cómo los usuarios generan e interactúan con el contenido.
La apelación del EFF ante el Noveno Circuito busca que se reconozca la naturaleza expresiva de los sistemas de recomendación, sosteniendo que las restricciones legales imponen una carga sobre los derechos de todos los usuarios al entorpecer la comunicación y el acceso anónimo a la información.
Este caso se enmarca en un contexto de resistencia hacia leyes similares en otros niveles estatales y federales, que, aunque inicialmente diseñadas para controlar el uso de redes sociales entre los jóvenes, tienen repercusiones más amplias sobre toda la audiencia adulta. Las repercusiones de este caso legal podrían establecer un precedente significativo respecto a cómo se protegen los derechos de expresión en una época dominada por las interacciones digitales.
