El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha instado a España, al igual que a otros países europeos, a realizar ajustes fiscales claves para garantizar un crecimiento sostenible y equilibrado. En un reciente informe, el FMI recomienda implementar reformas fiscales que incluyan incrementos de impuestos para las personas con mayores ingresos y la eliminación de subvenciones a empresas, como parte de un esfuerzo por reestructurar el gasto público.
En este contexto, España se encuentra en la fase de discusión de su reforma fiscal, con la mirada puesta en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado su compromiso con una “reforma fiscal adicional” en línea con el Plan Fiscal y Estructural enviado a Bruselas. El objetivo principal de este plan es la reducción del déficit en los próximos siete años, lo cual es respaldado por el FMI, que aboga por un enfoque de gasto público orientado a áreas clave como la digitalización y la sostenibilidad.
El informe del FMI destaca la necesidad de una gestión más eficiente del gasto público, especialmente en sectores con baja rentabilidad fiscal. Esto incluye reestructurar los programas de gasto y transferencias, convirtiendo ayudas de base amplia, como las relacionadas con la crisis energética, en programas más focalizados que beneficien a los sectores vulnerables. Estas medidas permitirían liberar recursos para invertir en infraestructura y capacitación laboral, alineándose con las metas de recuperación fiscal de la Unión Europea tras la pandemia y la crisis inflacionaria.
El Plan Fiscal y Estructural del Gobierno también contempla alinear la recaudación fiscal de España con la media europea, actualmente situada cuatro puntos por debajo del promedio de la UE. Para lograrlo, se prevé un aumento de los impuestos a la banca y a las empresas energéticas, aunque su implementación depende de la viabilidad parlamentaria en un escenario político inestable.
El FMI concluye insistiendo en la importancia de un sistema fiscal más eficiente y progresivo. Esto implica asegurar que quienes tienen más, aporten proporcionalmente más al bienestar colectivo, y mejorar la digitalización en la Agencia Tributaria para obtener una reducción del déficit sostenible. Estas propuestas coinciden con los debates en el G20 sobre impuestos mínimos globales.
Finalmente, la Comisión Europea evaluará el Plan Fiscal y Estructural de España en noviembre para determinar su adecuación a los estándares de la UE. Los presupuestos anuales del Gobierno estarán condicionados por este marco fiscal, diseñado para equilibrar la sostenibilidad fiscal con inversiones en sectores estratégicos, mientras se cumplen los compromisos asumidos ante Europa.
