El Gobierno español se muestra firme en su decisión de reubicar a casi 4.000 menores migrantes no acompañados en diversas comunidades autónomas, como parte de un decreto que busca aliviar la carga en los territorios fronterizos como Canarias, Ceuta y Melilla. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtió que las fuerzas de seguridad podrían intervenir si alguna comunidad se niega a cumplir la normativa, que ha sido rechazada por varias regiones del Partido Popular. El decreto establece un mecanismo de solidaridad obligatoria basado en criterios transparentes y establece que cada región debe proporcionar 32 plazas por cada 100,000 habitantes. Las comunidades que están en desacuerdo han recurrido al Tribunal Constitucional, aunque el Gobierno confía en que finalmente acatarán la ley. Tanto Torres como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, defienden que esta medida es justa y necesaria.
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