La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de Andalucía ha efectuado un significativo desembolso de 9.801.787,57 euros hacia el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA) y el Consejo Andaluz de Procuradores. Este montante corresponde a las asistencias proporcionadas por abogados y procuradores en el marco del sistema de Justicia Gratuita durante el tercer trimestre del año, comprendido entre julio y septiembre.
El desglose de los pagos muestra que la Junta ha destinado 787.036,75 euros a los procuradores y 9.017.780,82 euros a los abogados. Dicha cantidad para los abogados se divide en 3.171.657 euros para guardias y 5.846.093,82 euros para asistencias vinculadas al turno de oficio. Estas actuaciones fueron certificadas por los respectivos colegios profesionales a finales de octubre, una vez verificadas y confirmadas tras no requerir ninguna subsanación.
José Antonio Nieto, consejero de Justicia, ha subrayado la destacada «labor social» que desempeñan estos profesionales, asegurando que su trabajo es esencial para mantener la equidad en el acceso a la justicia. En particular, garantizan representación legal a personas con recursos económicos limitados y a víctimas especialmente vulnerables, como las mujeres que son víctimas de violencia de género. Durante el tercer trimestre, más de 4.400 abogados especializados en violencia de género han llevado a cabo 3.780 guardias para asistir a estas víctimas.
Nieto también ha puesto de manifiesto el empeño de la Consejería por mejorar las remuneraciones de estos profesionales e incorporar servicios antes no cubiertos por el sistema de Justicia Gratuita, como es el caso de la mediación. Andalucía ha innovado al ser la primera comunidad autónoma en ofrecer la posibilidad de contar con abogados de oficio para procedimientos de mediación, remunerando con hasta 400 euros a aquellos que logren alcanzar acuerdos por esta vía alternativa de resolución de conflictos. En los últimos meses, se han certificado 55 procesos de mediación.
Finalmente, desde principios de año, se compensa asimismo a los abogados que prestan asistencia por orden judicial a personas que, en última instancia, no cumplen con los requisitos para el acceso gratuito a la justicia. Este ajuste económico y procedimental busca optimizar los recursos y mitigar la carga sobre los juzgados andaluces, caracterizados por un alto índice de litigiosidad.
Fuente: Gobierno al día de Andalucía.
