El Gobierno español enfrenta el reto de aumentar el gasto en defensa del 1,4% al 2% del PIB sin recortar el gasto social y medioambiental, ni aumentar impuestos o déficit, y sin nuevos presupuestos aprobados este año. Para lograrlo, aprovecharán un «colchón» de 3.182 millones de euros gracias a la mejora del déficit de 2022 y la reubicación de partidas no ejecutadas de los presupuestos prorrogados de 2023, sin necesidad de aprobación parlamentaria. Además, se contemplará el uso de fondos europeos y financiamiento del BEI y el BCE. El plan, que debe ser aprobado por la OTAN, asignará fondos al empleo, ciberseguridad, gestión de emergencias y adquisición de armamento, y estima la creación de 100.000 empleos, con beneficiarios mayoritariamente españoles. Sánchez subraya la importancia de la decisión frente a las crisis.
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