El aeródromo, bajo la jurisdicción del Gobierno de Castilla-La Mancha, enfrenta restricciones para su uso residencial, según declaraciones oficiales. La propiedad pertenece a una empresa que acumula una deuda significativa con la Agencia Tributaria, ascendiendo a 6,2 millones de euros. Esta situación destaca las tensiones entre la administración regional y la empresa propietaria en torno al uso de las instalaciones, mientras se suma la presión fiscal derivada de las obligaciones tributarias no atendidas.
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