Durante la primera administración de Donald Trump, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se embarcó en un esfuerzo para reformar la controvertida sección 230 de la Ley de Comunicaciones. Esta normativa, crucial para la protección de la libertad de expresión en internet, permite que plataformas como redes sociales y blogs no sean consideradas responsables por el contenido generado por sus usuarios. La iniciativa, conocida internamente como «Tiger Team», surgió en un clima lleno de tensiones tras una orden ejecutiva emitida por Trump en 2020, en respuesta a las acciones de verificación de hechos realizadas por plataformas digitales que lo criticaban abiertamente.
Los documentos internos obtenidos a través de una demanda de acceso a la información desvelan que este equipo del DOJ buscaba endurecer las regulaciones de la sección 230. La sorpresa dentro del mismo DOJ fue notable, ya que la acción de Trump se percibió como una represalia directa contra las plataformas que pretendían regular. Este contexto desencadenó un retraso en la presentación de la propuesta de enmienda, la cual fue rechazada posteriormente bajo la administración del presidente Joe Biden.
A lo largo de los años, ha habido un goteo constante de documentos que revelan cómo el DOJ dio forma a su propuesta para enmendar la sección 230. La versión publicada en septiembre de 2020 destacaba una intención clara de limitar las protecciones legales para plataformas en línea, permitiendo incluso procesos civiles y penales si se demostraba que el contenido violaba la ley. Esto podría haber provocado una moderación excesiva y la eliminación de publicaciones legales debido al miedo a sanciones legales.
Es especialmente relevante notar la participación de agentes de la división de ciberdelincuencia y del FBI, así como de abogados externos que habían litigado contra plataformas online. Estas interacciones subrayan el deseo del DOJ de presentar una evaluación contundente sobre la sección 230 en 2020.
Actualmente, la Electronic Frontier Foundation (EFF) continúa luchando por el acceso a más documentos, ya que el DOJ ha mencionado que posee miles de páginas adicionales que aún no han sido publicadas. Mientras estos esfuerzos de transparencia avanzan, la EFF sigue comprometida con la protección de los derechos de libre expresión en línea y con la divulgación de toda la documentación relevante, especialmente en un momento en el que se nombra a funcionarios que han amenazado a las plataformas de internet por ejercer sus derechos constitucionales. Estos eventos reflejan no sólo las disputas del pasado, sino también el presente debate sobre el equilibrio entre la regulación gubernamental y la libertad de expresión en el ámbito digital.
