El Gobierno de La Moncloa ha decidido tomar como referencia el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación para reformar los delitos relacionados con la libertad de expresión en el Código Penal. Este movimiento busca alinear la normativa nacional con los estándares europeos y promover una mayor protección para los derechos de expresión y comunicación en el país.
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