En medio de tensiones en el gobierno español, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se enfrentan por la propuesta de reformar la normativa que regula la incapacidad permanente. Díaz aboga por una flexibilización que contemple las necesidades de los trabajadores con condiciones variadas, mientras que Saiz insiste en un enfoque más controlado para evitar posibles abusos y garantizar la sostenibilidad del sistema. Este desacuerdo evidenció las divergencias dentro del Ejecutivo español sobre cómo abordar un asunto que afecta a miles de ciudadanos y que podría tener un impacto significativo en el mercado laboral y las finanzas públicas.
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