Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, ha dado a conocer un nuevo conjunto de 12 medidas destinadas a enfrentar la crisis de vivienda que azota a la nación. Durante su intervención en el foro titulado «Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar», Sánchez subrayó la urgencia de implementar «medidas contundentes y sin precedentes» para resolver este desafío que incide tanto en la economía doméstica como en el mercado inmobiliario. Sin embargo, el anuncio se produce en medio de crecientes críticas hacia la efectividad de las políticas de vivienda del Ejecutivo.
En un esfuerzo por aumentar la oferta de viviendas públicas, el Gobierno español ha anunciado la creación de una nueva Empresa Pública de Vivienda. Actualmente, el país cuenta con solo un 2,5% de viviendas públicas, una cifra significativamente inferior a la de países como Francia o los Países Bajos. La nueva entidad se encargará de gestionar 30.000 viviendas de la Sareb y construir viviendas protegidas destinadas a jóvenes y familias vulnerables. Además, un mecanismo legal garantizará que las viviendas financiadas con fondos públicos permanezcan bajo titularidad estatal, una medida diseñada para prevenir la especulación inmobiliaria.
Con el fin de potenciar la colaboración público-privada, se destinarán 6.000 millones de euros en avales del ICO para financiar la construcción de 25.000 nuevas viviendas. Complementando estos esfuerzos, el Ejecutivo ha presentado un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) que se centrará en la construcción industrializada y modular. Este proyecto, ubicado en Valencia, tiene como objetivo principal reducir costos y tiempos de construcción, y al mismo tiempo revitalizar áreas afectadas por la reciente DANA.
En el aspecto fiscal, se introducirá una exención del 100% del IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus viviendas bajo el Índice de Referencia de Precios, incluso si no están en zonas tensionadas. También se propone un programa de rehabilitación de viviendas vacías, que ofrecerá ayudas para reformas a cambio de alquilar las propiedades a precios accesibles por un mínimo de cinco años. Además, un nuevo sistema de garantías públicas protegerá tanto a propietarios como a inquilinos, con prioridad para los jóvenes menores de 35 años.
El Gobierno también apunta hacia una reforma fiscal que equipare el tratamiento de los pisos turísticos con el de otras actividades económicas, eliminando ventajas fiscales frente a hoteles. Otra medida contempla limitar las compras de vivienda por parte de extranjeros no residentes, quienes deberán pagar un impuesto equivalente al 100% del valor del inmueble.
De cara al futuro, el presidente Sánchez adelantó la implementación de un Plan Estatal de Vivienda para 2026 que incluirá ayudas al alquiler, compra y rehabilitación, enfocándose en colectivos vulnerables, jóvenes y personas mayores. Tal plan suma a los 20.000 millones de euros invertidos en vivienda durante la última legislatura.
A pesar de estas iniciativas, algunos analistas financieros expresan escepticismo sobre su impacto real en un mercado caracterizado por tensiones estructurales. Restricciones fiscales a socimis y pisos turísticos podrían desincentivar la inversión privada en el sector. La eficacia de estas medidas dependerá, en última instancia, de su correcta implementación y de su capacidad para corregir los desequilibrios existentes. Mientras tanto, la creciente brecha entre propietarios e inquilinos continúa siendo un reto de solución compleja que exige un compromiso permanente.
