El Consejo de Ministros de España se prepara para dar luz verde a una operación que podría redefinir el panorama de telecomunicaciones en el país. El próximo 5 de noviembre, el Gobierno español autorizará la compra del 9,9% de Telefónica por parte de Saudi Telecom Company (STC), un hito que culmina más de un año de intensas negociaciones. Este acuerdo se ha concretado tras una serie de reuniones clave entre representantes saudíes y figuras del Gobierno español, incluyendo intercambios diplomáticos con los ministros de Defensa de ambas naciones.
El proceso, que ha sido complejo debido a la implicación de Telefónica en contratos vitales de seguridad nacional, había generado cierta incertidumbre dentro del Ejecutivo español. La empresa, bajo la dirección de José María Álvarez-Pallete, mantiene convenios con distintas instituciones del estado, lo que provocó reticencias, especialmente en el Ministerio de Defensa, encabezado por Margarita Robles. A pesar de estas preocupaciones, y tras diálogos bilaterales, incluidas conversaciones con Khalid Bin Salman, Ministro de Defensa saudí, se alcanzó un acuerdo para permitir que STC formalice su adquisición.
Esta transacción representa no solo una inversión de aproximadamente 2.300 millones de euros, sino también un compromiso firme por parte de STC de apoyar las inversiones de Telefónica tanto en España como en mercados internacionales prioritarios. Además, se han establecido estrictas condiciones de confidencialidad y protección de datos para asegurar que la información sensible del Estado español permanezca protegida.
En este contexto, Telefónica ha optado por mantenerse al margen de los diálogos gubernamentales y ha continuado centrándose en sus operaciones. Durante la última junta de accionistas, Álvarez-Pallete afirmó no haber tenido comunicación directa con STC desde la adquisición inicial de acciones por parte de la empresa saudí. Sin embargo, se sabe que ha participado en reuniones con representantes de STC para discutir su futuro rol en el consejo de administración.
La incorporación de STC al accionariado de Telefónica, junto con otros actores clave como la SEPI y Criteria de La Caixa, supone una reconfiguración en la estructura de poder de la operadora. STC busca asegurar dos asientos en el consejo, una situación que ha creado ciertas tensiones con la SEPI, que también pretende incrementar su representación. Además, en cumplimiento con la Ley de Paridad, Telefónica debe asegurarse de que al menos el 40% de su consejo esté compuesto por mujeres, lo que presenta un desafío adicional en la reestructuración.
Este avance en las relaciones entre España y Arabia Saudí llega en un momento delicado para las relaciones comerciales entre ambos países. España, que tiene importantes contratos a través de Navantia con Arabia Saudí, no podía permitirse el lujo de poner en riesgo estos acuerdos estratégicos con un posible veto a la inversión de STC. El visto bueno a la participación saudí no solo consolida su posición en Telefónica, sino que también refuerza la cooperación entre ambos países en sectores como la defensa y la industria.
Con esta alianza, Arabia Saudí asegura una presencia significativa en una de las telecomunicaciones más grandes de Europa, mientras que España obtiene el respaldo de un inversor potente, cuidando al mismo tiempo sus intereses nacionales. Este acuerdo marca un paso adelante en el fortalecimiento de los lazos estratégicos entre las dos naciones, demostrando un equilibrio entre la inversión extranjera y la protección de los intereses vitales del país.
