El Gobierno de la Diputación ha puesto en marcha un proceso informativo para presentar su nuevo proyecto orientado a mejorar el rendimiento y el impacto social de las políticas de servicios sociales en la provincia. En este primer encuentro participaron, entre otros, representantes de las centrales sindicales UGT, Comisiones Obreras y CSIF, así como personal del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. Las reuniones, dirigidas por Almudena Martínez, presidenta de la Diputación, tienen como objetivo asegurar un diálogo constructivo que dé continuidad a las próximas mesas negociadoras.
Una de las principales propuestas del ejecutivo provincial es la creación de un organismo autónomo que gestione de manera integral las políticas sociales, lo que, según Almudena Martínez, representa un «blindaje público» para los trabajadores del Área y garantiza una administración directa de todos los servicios sociales. Esta iniciativa se justifica por lo que se considera una «situación insostenible a largo plazo» del modelo actual, que afecta particularmente a las residencias de mayores en Cádiz y El Puerto de Santa María, y a la futura residencia de La Línea.
Paula Conesa, diputada responsable del Área de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, destacó la naturaleza crítica de dicho área, que se ocupa de personas vulnerables y que exige respuestas rápidas en temas como la contratación de personal, sustituciones y provisión de suministros. En este sentido, la falta de suficiente personal y el aumento de jubilaciones en un contexto de carga laboral creciente han deteriorado la capacidad de respuesta del servicio, además de desafiar la sostenibilidad económica del mismo.
Javier Rodríguez Para, director del Área de Servicios Sociales, explicó que aunque la privatización no es una opción que se contemple, un nuevo modelo de gestión como el organismo autónomo es necesario para evitar decisiones externas que puedan afectar negativamente a los servicios. Esta propuesta incluye tres grupos de personal: el personal existente del Área, que se integraría en el nuevo organismo manteniendo sus condiciones laborales, personal nuevo para cubrir necesidades específicas y un grupo dedicado exclusivamente a las residencias de mayores, que requiere un régimen particular de trabajo.
Otro aspecto importante de este cambio es el proceso de reubicación voluntaria para el personal que actualmente trabaja en las residencias. El nuevo modelo busca no solo mejorar la sostenibilidad y la calidad del servicio, sino también la protección de los derechos laborales institucionalizados en un contexto de mayor agilidad en la atención a beneficiarios.
El objetivo final de la iniciativa es garantizar la gestión pública y directa de todos los servicios sociales, mejorar la eficiencia económica y reinvertir en políticas sociales adicionales en los municipios de la provincia. Almudena Martínez enfatizó que a medio y largo plazo, se espera lograr un ahorro que permita desembolsar recursos en la ampliación de plazas en residencias o apoyar otras demandas asistenciales de los ayuntamientos. Este enfoque subraya el compromiso prioritario del Gobierno provincial hacia el bienestar de las personas.
En la primera sesión informativa, también participaron otros miembros destacados de la Diputación, facilitando así un ambiente de colaboración y diálogo entre las diferentes partes interesadas en este crucial ámbito de la política social.
Fuente: Diputación de Cádiz.
