El Gobierno español y las aseguradoras privadas no lograron renovar el convenio de Muface, dejando a más de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares ante la posibilidad de mudarse a la sanidad pública. La oferta gubernamental de un incremento del 17%, la más alta en la historia del acuerdo, fue rechazada por las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV, que consideran que necesitan un aumento del 38% para cubrir sus pérdidas. En respuesta, el gobierno ha iniciado una consulta de mercado para decidir su futura estrategia. Aunque el convenio actual finaliza en enero de 2025, el gobierno asegura la continuidad del servicio usando mecanismos de prórroga. Además, se debatirá el futuro del modelo de mutualismo, que enfrenta un cambio en las preferencias de los nuevos mutualistas hacia la sanidad pública. El Ministerio de Función Pública estudia cambios para mejorar la transparencia, equidad y sostenibilidad del sistema, incluyendo medidas como subastas de medicamentos.
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