El jueves 9 de enero, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. Durante una declaración de hora y media, Sánchez abordó cuestiones relativas a su contratación como coordinador de los conservatorios de Badajoz y, posteriormente, como jefe de la oficina de artes escénicas. Las preguntas se centraron en si cumplía con los requisitos de formación y si había desempeñado plenamente sus funciones.
Sánchez negó cualquier irregularidad en su contratación, insistiendo en que el proceso fue legítimo. El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, respaldó esta afirmación, describiendo las investigaciones como un «intento de la extrema derecha de politizar la justicia» y aseguró no haber conocido a Sánchez antes de la contratación, descubriendo su nombre solo cuando apareció en la lista de admitidos.
La jueza Beatriz Biedma investiga posibles delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sugieren que el puesto de Sánchez podría haberse creado de forma «apresurada», pero aún no se ha identificado a los responsables de tal decisión.
En su defensa, Sánchez reveló que encontró la oferta de trabajo «a través de un buscador de internet», negando cualquier relación previa con la Diputación de Badajoz o el PSOE extremeño. Recalcó que su experiencia está mayoritariamente vinculada al extranjero, sin vínculos con la política local. También admitió que desconocía la ubicación de su oficina, diciendo que trabajaba principalmente desde casa y asistía presencialmente solo cuando era necesario, utilizando distintas instalaciones públicas según requerimientos.
A pesar de las acusaciones de Manos Limpias de un presunto enriquecimiento ilícito de más de un millón de euros, no se han encontrado pruebas que respalden estas afirmaciones. La investigación sigue en curso bajo la supervisión de la jueza Biedma y la UCO, que continúan analizando los detalles del proceso de contratación y la gestión de la Diputación de Badajoz.
La resolución del caso esclarecerá si hubo irregularidades en la contratación de Sánchez o si todo el proceso fue conforme a la normativa vigente. Mientras tanto, el caso sigue en el foco público y bajo el escrutinio de la justicia.
