El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha señalado que el exministro podría enfrentarse a cargos por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Las acusaciones sugieren que el exfuncionario habría utilizado su posición para favorecer intereses particulares a cambio de beneficios económicos. Esta decisión judicial marca un paso significativo en la investigación que busca esclarecer el alcance de las presuntas actividades delictivas y su impacto en la administración pública. Los próximos procedimientos legales determinarán la validez de estas acusaciones mientras el exministro sigue bajo escrutinio público.
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