El reciente auto judicial ha decidido no intervenir el teléfono de Miguel Ángel Rodríguez ni etiquetar a Alberto González Amador como «un defraudador confeso», evitando así el consecuente daño reputacional que tal declaración podría acarrear. La resolución busca proteger la privacidad de los implicados y resguardar su imagen pública mientras avanza la investigación, subrayando la importancia de la presunción de inocencia en el proceso judicial.
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