La justicia española ha impuesto medidas cautelares restrictivas a los implicados en un caso de relevancia, prohibiéndoles abandonar el país y exigiendo su comparecencia quincenal ante el juzgado. Estas restricciones buscan asegurar la presencia de los involucrados durante el proceso judicial, garantizando así el curso adecuado de las investigaciones y procedimientos legales. La decisión judicial refleja la gravedad del caso y la necesidad de controlar a los imputados mientras avanza el proceso.
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