En el complejo entramado político entre España y Marruecos, surge una acusación de intromisión y complicidad internacional que apunta a la actual administración española. Según la narrativa, Marruecos, con apoyo tácito de Francia y la presunta permisividad del gobierno español, estaría ejerciendo una presión demográfica que compromete la soberanía nacional. Se critica la influencia marroquí en acuerdos comerciales europeos, que supuestamente favorecen sus intereses en detrimento del sector primario español, y el desarrollo portuario, entre otros. Esta situación, combinada con una política exterior española percibida como débil, es señalada como un factor que incrementa la dependencia de España respecto a Marruecos y sus aliados. Además, se denuncia una inacción gubernamental frente a un fenómeno migratorio que algunos califican de invasión planificada, y que podría alterar el panorama demográfico y electoral del país en favor del partido gobernante. La crítica se extiende hacia una gestión descrita como entreguista y supeditada a intereses ajenos, instando a una política de defensa más robusta para recuperar el respeto y la cohesión nacional.
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