Comunidades autónomas, ayuntamientos y el propio partido están considerando presentar recursos de inconstitucionalidad contra la «financiación singular». Sin embargo, han decidido esperar hasta que la medida se implemente por completo antes de tomar acciones legales. La controversia gira en torno a la percepción de trato desigual en la asignación de fondos públicos, lo que ha generado preocupación sobre su impacto en la equidad financiera entre las distintas regiones.
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