El Partido Popular (PP) critica la Ley de Vivienda aprobada en 2023, atribuyéndole la salida de más de 120,000 pisos del mercado de alquiler debido a un aumento de la inseguridad jurídica. La formación política buscará su derogación en el Congreso, alegando que la normativa, acordada entre PSOE, Podemos, ERC y Bildu, ha motivado a los propietarios a vender o rentar temporalmente sus propiedades. Esta ley habría generado una presión excesiva en las zonas humildes, afectando a la clase media. En Cataluña, citada como ejemplo, los precios de alquiler han aumentado un 8.7% y la demanda en Barcelona se ha disparado. Además, el PP denuncia un incremento en ocupaciones ilegales, con alrededor de 100,000 viviendas afectadas, y propone expulsiones rápidas de ocupantes ilegales y reformas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda.
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