El Partido Popular ha calificado como «gravísimo» un caso reciente, advirtiendo que todos los actos administrativos relacionados podrían ser anulados. Esta declaración subraya la gravedad de la situación y sugiere posibles consecuencias legales que podrían afectar las decisiones previamente tomadas. La advertencia llega en un momento crítico, donde cada acción administrativa está bajo escrutinio, lo que podría desencadenar una serie de revisiones y anulaciones si se comprueba alguna irregularidad.
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