El gobierno del Reino Unido ha renovado sus esfuerzos para que Apple instale una puerta trasera en sus servicios de almacenamiento en la nube encriptados, una medida que afecta exclusivamente a los usuarios británicos. Esta solicitud se ampara en el «Aviso de Capacidad Técnica» (TCN), un mecanismo de la Ley de Poderes de Investigación, que busca facilitar la vigilancia gubernamental.
En los primeros meses del año, el gobierno emitió un TCN que pretendía afectar a todos los usuarios de Apple. Sin embargo, tras una ola de críticas, la demanda fue retirada en agosto. Pese a ello, Apple decidió desactivar temporalmente su función de Protección de Datos Avanzada, que ofrecía encriptación de extremo a extremo en iCloud, en lugar de cumplir con la petición de una puerta trasera.
Ahora, con la nueva orden del Reino Unido, las demandas se han reformulado para focalizarse únicamente en los usuarios británicos, lo que sigue generando preocupación sobre privacidad y seguridad. Expertos advierten que cualquier puerta trasera supone un riesgo elevado de hackeos, robos de identidad y fraudes, además de sentar un precedente peligroso que podría ser imitado por otros gobiernos.
Esta polémica se desarrolla en un contexto donde el Reino Unido ha anunciado un esquema de identificación digital obligatoria para combatir la migración ilegal. Además, se espera una audiencia en un tribunal para enero de 2026, aunque el impacto de la nueva orden sobre este proceso aún es incierto.
Apple enfrenta un desafío crítico: mantener su postura contra la creación de puertas traseras que debilitan la encriptación. La seguridad global de los usuarios podría verse comprometida si ceden en un país. Las acciones del gobierno británico no solo infringen derechos fundamentales, sino que también amenazan la privacidad que todos los usuarios merecen.
