El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la Ley de Nietos, en respuesta a un recurso de Iustitia Europa que busca transparencia en el proceso. La Abogacía del Estado, por su parte, sostiene que la medida vulnera el derecho al sufragio activo reconocido constitucionalmente. La normativa, que facilita la adquisición de la nacionalidad española a descendientes de exiliados, ha incrementado las inscripciones en el censo electoral. Vox y Iustitia Europa argumentan que la suspensión es necesaria para evitar posibles irregularidades en futuras elecciones. El Gobierno, sin embargo, defiende que el aumento de inscripciones es simplemente consecuencia de la adquisición de la nacionalidad, sin afectar la pureza electoral. La decisión del Supremo se enmarca en un contexto de debate sobre la influencia electoral de la ley de memoria democrática, que ha despertado preocupación sobre la composición del censo y su potencial impacto en eventuales comicios.
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