El fiscal general se vio obligado a presentar sus bienes como garantía para asegurar el pago de una fianza civil de 75.000 euros que se le impuso en un caso judicial. Esta medida busca garantizar la responsabilidad económica del fiscal en el proceso, asegurando que se pueda cumplir con el pago de cualquier indemnización u obligación financiera que pudiera derivarse del fallo judicial.
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