El magistrado ha declarado que la reciente solicitud es «inconciliable» con el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta determinación subraya la incompatibilidad de la petición con las disposiciones legales vigentes, planteando un nuevo desafío en el marco jurídico actual. La decisión resalta la necesidad de respetar los preceptos establecidos en la ley para asegurar el correcto avance de los procesos judiciales.
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