El juez ha señalado que se filtró un correo electrónico con información confidencial sobre el empresario González Amador, que se originó en la Fiscalía General del Estado y tenía como destino la Presidencia del Gobierno. Este incidente ha despertado preocupaciones sobre la seguridad y el manejo de información sensible dentro de las instituciones gubernamentales, generando un debate sobre la necesidad de reforzar los protocolos de confidencialidad para evitar futuras vulneraciones. Las implicaciones legales de este suceso están siendo evaluadas para determinar posibles responsabilidades y acciones a tomar.
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