Amplia Alianza de Organizaciones Reclama Mejoras en la Reforma del Reglamento de Extranjería
Sevilla, 11 de septiembre de 2024 – El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, actualmente en proceso de reforma, es considerado un pilar esencial para la política migratoria del país. Este reglamento se presenta como una herramienta fundamental para la inclusión de la población migrante en España.
Seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas —Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes— han valorado positivamente algunas de las propuestas de reforma presentadas por el Gobierno. Estas incluyen la reducción del periodo de residencia necesaria para la regularización y la simplificación de procedimientos de arraigo. No obstante, estas entidades insisten en que aún existe un amplio margen de mejora.
Las organizaciones han presentado una serie de propuestas que buscan garantizar vías de entrada seguras y regulares para evitar la irregularidad administrativa. Entre las medidas sugeridas se encuentran la concesión de visados y la flexibilización de la reagrupación familiar para promover el derecho a la vida en familia de las personas migrantes. Asimismo, proponen la reducción de los periodos de residencia requeridos para solicitar autorizaciones de residencia y trabajo, con el objetivo de prevenir situaciones de exclusión y desprotección.
Además, se han planteado mejoras en la tramitación de autorizaciones, aspecto que actualmente constituye una barrera significativa para la regularización de las personas migrantes. Para mitigar esta dificultad, las organizaciones proponen el refuerzo de las vías presenciales de presentación de solicitudes, la creación de puntos de información y apoyo, la traducción de documentos a los idiomas más comunes y el uso de intérpretes.
También se pone énfasis en la protección del acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular que sean víctimas de delitos. Las propuestas buscan que la condición de víctima prevalezca sobre el estatus de residencia, evitando así situaciones de desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del infractor.
Una de las preocupaciones principales de estas organizaciones es asegurar que ningún menor de edad se encuentre en situación irregular. Para ello, plantean profundizar en instrumentos de protección y reconocimiento de derechos para los niños migrantes, ya sea que estén acompañados o no por sus familias. Sugieren incluir propuestas más amplias en el texto de reforma, tales como la autorización de residencia legal para menores nacidos en España o la adaptación del sistema de determinación de la edad a la normativa internacional.
Finalmente, las seis entidades firmantes destacan la necesidad de avanzar en la modificación del Reglamento de Extranjería de manera dialogada y participativa. Abogan por una política migratoria que no sólo atienda las necesidades del mercado laboral español, sino que también elimine los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante participar plenamente en la sociedad española en igualdad de derechos.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
