La Ley de Vivienda de Andalucía ha entrado en vigor con un claro enfoque en aumentar la disponibilidad de viviendas protegidas y asequibles. Bajo el liderazgo del Gobierno de Juanma Moreno, esta nueva normativa busca incrementar la oferta de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y fomentar la rehabilitación, asegurando la disponibilidad de suelo y reduciendo la burocracia en los proyectos residenciales. Otro objetivo clave es reforzar la seguridad jurídica de los propietarios para enfrentar el fenómeno en ascenso de la ocupación ilegal de viviendas.
La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, destacó que esta normativa ha sido fruto del diálogo y busca mejorar la calidad de vida de los andaluces. Según Díaz, desde 2019, la planificación en vivienda ha permitido que Andalucía haya cuadruplicado la cantidad de viviendas protegidas en los últimos seis años, posicionándola como la comunidad autónoma líder en España en términos de nuevas viviendas iniciadas, tanto libres como protegidas, para el año 2025.
La ley se ha propuesto acelerar el aumento de viviendas protegidas mediante la creación de áreas prioritarias. Estas zonas, que presentan mayores dificultades para el acceso a la vivienda, recibirán recursos concentrados como ayudas al alquiler, compra e incentivos para la construcción y rehabilitación de viviendas. Además, la colaboración público-privada se fomentará a través de una comisión andaluza que buscará nuevas fórmulas para ampliar el parque habitacional a precios asequibles.
El equilibrio entre la oferta de vivienda para venta y alquiler es otro de los enfoques de la ley, que también contempla la optimización del parque residencial mediante un inventario único de viviendas públicas. La rehabilitación de viviendas y la eliminación de infraviviendas son prioridades, siguiendo criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica. La ley establece una Comisión Técnica para la Calidad de la Vivienda en Andalucía que promoverá mejoras en eficiencia energética e hídrica e incentivará la industrialización en la construcción.
Se garantiza también el buen uso del parque residencial, con medidas contra la ocupación ilegal y sobreocupación, además de la protección de los más vulnerables. Para esta cuestión, se creará una Comisión de Coordinación que involucrará a diversas consejerías y organismos públicos. La norma integra varias medidas urgentes de un Decreto-ley, incluidas aquellas que permiten aumentar la densidad y edificabilidad en parcelas comprometidas con viviendas protegidas, medidas que ya han sido adoptadas por más de 80 municipios andaluces.
Con su entrada en vigor, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma en implementar una ley de vivienda completa y renovada siguiendo la normativa estatal vigente. Según la consejera Díaz, el objetivo es también contrarrestar los efectos negativos de la Ley Estatal de Vivienda, como el aumento de precios y la disminución de oferta. La ley simplifica la administración y resuelve la dispersión normativa al derogar cuatro leyes anteriores relacionadas con la vivienda.
Esta ley representa el último eslabón de una estrategia iniciada en 2019 por la Junta de Andalucía para reactivar la construcción de viviendas protegidas. Dentro de este plan, iniciativas como el Plan Vive en Andalucía, la nueva Ley del Suelo (LISTA) y un paquete fiscal dotado de 460 millones de euros en incentivos han facilitado el acceso a la vivienda. El presupuesto en vivienda se ha incrementado a 740 millones de euros, marcando un aumento significativo respecto a años anteriores.
Fuente: Junta de Andalucía.
