La estrategia antipiratería de LaLiga ha escalado al centro del debate político en España, tras una serie de denuncias que han llevado a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a cuestionar al Gobierno sobre los bloqueos de direcciones IP que la organización de fútbol ha realizado. Este es el segundo caso de este tipo que se discute en el Parlamento, después de la intervención del BNG en mayo.
Conocido como «LaLigaGate», ERC advierte que permitir que una empresa privada ordene bloqueos masivos sin control democrático establece un peligroso precedente para los derechos digitales. Las críticas se centran en que la antipiratería de LaLiga ha afectado no solo a transmisiones ilegales, sino también a plataformas legales como Steam y Twitter, poniendo en riesgo la neutralidad de la red.
ERC ha planteado al Ejecutivo una serie de preguntas sobre cómo pretende regular la intervención de empresas privadas en el control de Internet. El partido demanda un marco normativo claro, con criterios supervisados judicialmente y mecanismos de reclamación para afectados por bloqueos erróneos.
La respuesta de LaLiga ha sido tajante, negando la existencia de bloqueos masivos y asegurando que todas las medidas están autorizadas y supervisadas judicialmente. Según LaLiga, las quejas digitales son sobre webs con poco tráfico, y la verdadera intención es crear alarma social.
El papel de proveedores tecnológicos como Cloudflare en este conflicto es crucial, ya que muchas direcciones IP compartidas han resultado en bloqueos no deseados tanto a sitios legales como ilegales. LaLiga sostiene que este modelo confunde el bloqueo preciso de contenidos ilícitos.
Desde una perspectiva económica, LaLiga insiste en que la piratería es un problema grave, causando pérdidas de entre 600 y 700 millones de euros anuales a los clubes, cifra que constituye una amenaza significativa para el fútbol español.
A medida que el Gobierno se prepara para dar su respuesta en el Congreso, el debate sobre la lucha antipiratería se extiende a temas más amplios, como la libertad digital y la regulación de las empresas privadas en el ámbito de la red.
