La Generalitat Valenciana y el Gobierno central se encuentran en un intercambio de responsabilidades respecto a la vigilancia del barranco que recientemente se desbordó, causando daños significativos en la región. Ambas administraciones se acusan mutuamente de ser las encargadas de la gestión y mantenimiento del cauce, mientras los ciudadanos afectados exigen respuestas y soluciones para prevenir futuros desastres. La falta de claridad y coordinación entre los diferentes niveles de gobierno ha exacerbado las críticas por parte de la población que demanda acciones concretas y efectivas ante la gestión de infraestructuras críticas.
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