En medio de tensiones entre el Legislativo y el Ejecutivo en Colombia, la última reunión de la comisión interparlamentaria de crédito público fracasó debido a la ausencia de quórum, complicando el acceso del Gobierno a créditos internacionales por 5,000 millones de dólares. Esta situación se da en un contexto de investigaciones por presunta corrupción que involucran a figuras como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y a congresistas como Wadith Manzur y Karen Manrique. La Corte Suprema está evaluando las acusaciones de que miembros de la comisión habrían aceptado prebendas a cambio de la aprobación de créditos, vinculando contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo con intereses políticos. Este impasse también amenaza importantes iniciativas legislativas, como la reforma tributaria, mientras el Gobierno enfrenta críticas por el sistema de negociación política que ha generado escándalos de corrupción en el pasado, como la “Yidispolítica”. Alejandro Gaviria, exministro de Educación y crítico del Gobierno, ha pedido la eliminación de esta comisión, al considerar que fomenta prácticas extorsivas y clientelismo.
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