España ha experimentado un descenso en su índice de seguridad jurídica, que cayó de casi 7 a 6,5 puntos sobre 10, según el Instituto Juan de Mariana. Esta caída se debe a los impagos a las renovables por parte del gobierno, liderado por la ex ministra Teresa Ribera, que han generado una deuda de casi 1.900 millones de euros y varios embargos internacionales. España ocupa la posición 20 de 27 en la UE, con preocupantes niveles de corrupción y calidad regulatoria. Desde 2000, su situación institucional ha empeorado, intensificándose con el actual gobierno de Pedro Sánchez. La crisis institucional afecta directamente la productividad económica, con estimaciones que sugieren un crecimiento potencial significativo si se mejoran los estándares regulatorios.
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