El Gobierno de España, bajo la dirección de Pedro Sánchez, ha dado a conocer una controvertida medida fiscal que ha acaparado la atención de economistas y ciudadanos por igual: un aumento de impuestos sin precedentes, con el objetivo de recaudar 60.000 millones de euros adicionales. Este incremento fiscal, que supone un 4% más del PIB, es el mayor en la historia reciente del país y ha suscitado un acalorado debate sobre sus consecuencias económicas y sociales.
Para entender la magnitud de esta medida, basta con considerar que 60.000 millones de euros son equivalentes al presupuesto anual completo del sector educativo nacional, o cuatro veces el gasto en defensa. En comparación, durante la administración de Mariano Rajoy, conocida por sus políticas fiscales severas durante la crisis económica, los ingresos solo aumentaron 3,1 puntos porcentuales del PIB. Sánchez tiene la ambiciosa meta de alcanzar un incremento de hasta 7 puntos.
El argumento central del Gobierno radica en que España, actualmente, recauda menos en términos porcentuales que otros países de la Unión Europea. El objetivo es aproximarse a la media europea en presión fiscal. No obstante, tras la pandemia, España ha gestionado los importantes Fondos Next Generation de la UE, criticados en varios sectores por su mala administración en proyectos considerados superfluos, algo que ha contribuido al déficit público. Este déficit es una de las razones citadas para la actual subida de impuestos.
Las nuevas medidas fiscales propuestas incluyen un posible aumento del IVA en productos básicos, con el riesgo de afectar desproporcionadamente a las clases medias y bajas. Además, se estudia incrementar los gravámenes a viviendas turísticas y vacías, así como limitar deducciones fiscales en alquileres. Hay también en consideración el establecimiento de un impuesto solidario a las herencias que complemente los ya existentes a nivel autonómico, y un incremento en los impuestos medioambientales, que recaerían sobre el consumo de gasolina y otros productos contaminantes.
Este ajuste fiscal podría extender a impuestos temporales a la banca y las energéticas, convirtiéndolos en permanentes. Aunque, en conjunto, estas medidas solo recaudarían aproximadamente 2.000 millones de euros, distribuyendo el peso principal en otros sectores.
Este fenómeno fiscal se enfrenta a serias críticas. En el debate, algunos argumentan que equiparar la presión fiscal con países como Dinamarca es inapropiado, dado el menor nivel de ingresos per cápita en España y una estructura impositiva que ya penaliza la contratación laboral y el emprendimiento. La preocupación es que estos impuestos erosionen aún más el poder adquisitivo de los ciudadanos, afectando negativamente al consumo y la inversión.
Detrás de esta política, también está la presión del sistema de pensiones, que demanda recursos crecientes debido al envejecimiento de la población y a los aumentos anuales en las pensiones. Sin reformas, la sostenibilidad del sistema será inviable, lo que podría empujar a futuras subidas de impuestos o recortes en las pensiones.
En resumen, esta histórica subida fiscal llega en un momento de notable incertidumbre económica en España. Aunque el Gobierno sostiene que es un paso necesario para estabilizar las finanzas públicas y modernizar la economía, la medida plantea serios desafíos para el bienestar económico de sus ciudadanos. El debate sobre cómo equilibrar la presión fiscal frente a las necesidades económicas del país continuará siendo un eje central en la discusión política en los meses venideros.
