En un movimiento destinado a consolidar la sostenibilidad y eficiencia en el sector de los centros de datos, el Gobierno español ha lanzado un proyecto de Real Decreto que se encuentra en fase de audiencia pública hasta el 15 de septiembre. Este avance busca alinear al país con la Directiva (UE) 2023/1791 y el Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, estableciendo nuevos requisitos para la regulación medioambiental y de eficiencia.
El decreto obligará a los operadores de centros de datos a reportar métricas estandarizadas a través de ReportENER, una base de datos europea gestionada por la Comisión Europea. Los operadores deberán registrar su información corporativa para recibir un identificador único y cargar datos como consumo energético, huella hídrica, uso de refrigerantes, y otros factores clave que impactan el socioeconómico y la resiliencia eléctrica.
Entre los elementos que deberán ser reportados se encuentran el consumo energético total y desglosado por fuentes, especificando el porcentaje de energía renovable, y métricas de eficiencia como el PUE (Power Usage Effectiveness) y el WUE (Water Usage Effectiveness). Además, se exigirá el registro de refrigerantes utilizados y su potencial de calentamiento global, junto con la contribución de cada instalación a la flexibilidad del sistema eléctrico.
La publicación anual de estos datos permitirá una comparación transparente entre operadores y países, alineándose con tendencias observadas en otros miembros de la UE. Países como los Países Bajos, Alemania y Finlandia han implementado medidas avanzadas de reporte, estableciendo estándares que a menudo superan los requisitos europeos.
España parte con ventajas debido a su mix energético enfocado en fuentes renovables y un clima que facilita la refrigeración natural. Esto lo coloca en una posición favorable para implementar estas normativas de manera eficiente. Además, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, ya incluyen objetivos de sostenibilidad para el sector TIC.
Porque los centros de datos consumieron el 2,7% de la electricidad de la UE en 2018, y las proyecciones indican que podría aumentar al 3,21% en 2030, se ha acelerado el desarrollo de un marco normativo uniforme con el fin de optimizar el rendimiento y minimizar el impacto ambiental.
Una novedad destacada del proyecto de Real Decreto es la obligatoriedad de reutilizar el calor residual generado por los servidores. Esta práctica, ampliamente utilizada en países nórdicos, permite integrar los centros de datos en ecosistemas urbanos de calefacción, promoviendo la economía circular y reduciendo la huella de carbono.
La implementación de estas exigencias no solo busca impulsar la eficiencia operativa, sino también servir como un diferenciador competitivo en licitaciones y acuerdos internacionales. Al ser métricas públicas, se promueve una mayor transparencia que podría beneficiar a operadores con mejores índices de eficiencia y sostenibilidad.
En resumen, esta normativa española no solo alinea al país con los estándares europeos, sino que también resalta su potencial para ser un líder en el sector de centros de datos a nivel europeo. La iniciativa promete ser un paso significativo hacia un futuro más sostenible y eficiente.
