El plazo para resolver el conflicto entre la Unión Europea y Marruecos, respecto al acuerdo agrícola que incluye al Sáhara Occidental, se acerca rápidamente. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal dicho acuerdo, pero Bruselas mantiene conversaciones discretas con Rabat para encontrar una solución que evite el incumplimiento del fallo, según denuncian los agricultores europeos. Estos se sienten ignorados y advierten que recurrirán a la justicia si se intenta validar el acuerdo sin su consentimiento. Países con intereses agrícolas como España y Francia presionan para mantener el pacto, pese a las críticas sobre competencia desleal. Las tensiones aumentan, especialmente ante la inminente aplicación del fallo que podría alterar las preferencias arancelarias de Marruecos. Mientras tanto, las relaciones diplomáticas y los intereses económicos continúan influyendo en las decisiones de Bruselas, en un contexto donde la justicia y la diplomacia están en tensión.
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