En un contexto de creciente preocupación por la privacidad de los datos personales, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha tomado medidas contundentes para enfrentar una problemática que afecta a múltiples estados de Estados Unidos. A principios de este año, la EFF hizo un llamado a los fiscales generales de Florida, Texas, Arkansas y Missouri para que investiguen posibles violaciones de privacidad por parte de los centros de embarazo de crisis (CPC). Estos centros han estado bajo el escrutinio público por presuntas prácticas engañosas que ponen en riesgo los datos personales de sus clientes.
Desde la solicitud de la EFF, varios de estos centros han comenzado a modificar discretamente el contenido de sus sitios web, eliminando afirmaciones engañosas sobre las medidas de privacidad y protección de datos. Hawái podría seguir este camino, ya que su legislatura está evaluando un proyecto de ley que pide una investigación por parte del fiscal general. Además, en Georgia, un grupo de legisladores ha introducido una serie de proyectos de ley con el objetivo de abordar estas prácticas engañosas.
Pero la preocupación por la privacidad no se detiene ahí. La EFF ha ampliado su llamado a los fiscales generales de Tennessee, Oklahoma, Nebraska y Carolina del Norte, instando a la investigación sobre las prácticas de los CPC en estos territorios. Durante años, muchos de estos centros han operado bajo la falsa promesa de que los datos de salud de sus clientes están protegidos por normativas como HIPAA. Sin embargo, numerosos informes sugieren que estas instalaciones regularmente no adhieren a políticas de privacidad estrictas y, en algunos casos, comparten información sensible sin el consentimiento adecuado de los usuarios.
Un ejemplo alarmante ocurrió en Luisiana, donde un CBC divulgó accidentalmente información personal de varios clientes durante un video de capacitación de software, subrayando una deficiencia general en el manejo de la privacidad.
La EFF ha documentado numerosos casos en diferentes estados donde los CPC afirman cumplir con HIPAA, pero en realidad podrían estar vulnerando las normas de privacidad de sus usuarios. La carencia de protecciones robustas para la privacidad del usuario, especialmente en temas de privacidad médica, es evidente. Los individuos tienen muy poco control sobre cómo se recopilan, almacenan y utilizan sus datos personales.
A menos que el Congreso apruebe una legislación integral de privacidad que otorgue un derecho de acción privada, corresponderá a los fiscales generales estatales tomar acciones preventivas para proteger a sus ciudadanos de prácticas desleales o engañosas relacionadas con la privacidad.
Este momento representa una encrucijada crucial para los líderes estatales y federales, quienes deben reevaluar cómo se distribuyen los fondos públicos a estos centros. Es imperativo que los funcionarios electos se aseguren de que la información personal, sobre todo los datos médicos sensibles, esté protegida. La ciudadanía no debería enfrentar el dilema de elegir entre su acceso a la atención médica y su derecho a la privacidad.
