Un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente utilizar su cargo para aprobar leyes en beneficio de empresas gasísticas, clientes de un despacho que fundó antes de su mandato. La investigación involucra a 28 personas y seis entidades jurídicas, acusadas de delitos como cohecho y tráfico de influencias. Según el auto, el despacho Equipo Económico (EE) habría ofrecido reformas ventajosas a ciertas empresas, perjudicando al sector público. Empresas de la AFGIM habrían influido en la normativa para obtener beneficios fiscales. El juez ha levantado el secreto de sumario, revelando una red de influencias creada para obtener lucro económico.
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