Las políticas de digitalización en América Latina están tomando cada vez más protagonismo, impulsadas tanto por organismos locales como regionales. En un contexto de rápido avance tecnológico, la digitalización de los procesos gubernamentales promete mejorar el acceso a los servicios públicos. Sin embargo, este proceso plantea importantes desafíos relacionados con la transparencia, la privacidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Durante noviembre, en la IX Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, se aprobó la Agenda Digital 2026. Esta iniciativa de la CEPAL busca optimizar la administración pública mediante la digitalización, promoviendo la eficiencia y la transparencia. Un elemento fundamental de esta agenda es el desarrollo de sistemas de identidad digital destinados a facilitar el acceso a los servicios públicos y fomentar la integración regional.
No obstante, la transformación digital del Estado no está exenta de dificultades. Aunque se vende como una herramienta para mejorar la eficiencia, en ocasiones se traduce en recortes que pueden limitar el acceso a procesos públicos, especialmente para las personas con menor acceso a dispositivos tecnológicos o conocimientos digitales. La digitalización debe ir acompañada de estrategias que garanticen la inclusión de todas las personas, evitando que se convierta en una barrera adicional.
La integración de tecnologías digitales no asegura automáticamente una mayor transparencia o participación ciudadana. Para alcanzar estos objetivos, es clave que los gobiernos implementen políticas que promuevan la participación cívica en el desarrollo y la ejecución de políticas públicas.
Por otro lado, mientras el uso de sistemas de identificación digital y datos interoperables se expande, se hace evidente la necesidad de salvaguardas robustas para proteger la privacidad y evitar la vigilancia masiva. Es imperativo que se respete el derecho a optar por documentos físicos frente a sistemas digitales.
Recientemente, Costa Rica lanzó su estrategia nacional de IA, siendo pionera en Centroamérica. Esta iniciativa busca utilizar la inteligencia artificial para mejorar los servicios gubernamentales. Brasil también ha anunciado ambiciosos planes de IA con potencial social beneficioso, aunque presentan desafíos relativos a la gestión de datos personales.
En el ámbito de la vigilancia, Argentina ha implementado regulaciones que permiten el uso de la vigilancia cibernética y la inteligencia artificial por parte de las fuerzas de seguridad. Aunque justificadas por motivos de seguridad, estas medidas han generado preocupación por posibles abusos y falta de transparencia.
Proteger los derechos humanos en el contexto de la digitalización gubernamental es de suma importancia. Actualmente, se están elaborando marcos que guían el uso responsable de la IA y otros sistemas algorítmicos en decisiones que afectan a la ciudadanía. La promoción de la transparencia y la rendición de cuentas es esencial para mantener la confianza del público y asegurar que la digitalización no socave derechos fundamentales.
A medida que América Latina transita hacia una mayor digitalización de sus gobiernos, es crucial que este avance se lleve a cabo de manera inclusiva y respetuosa con los derechos humanos. La tecnología debe empoderar a la ciudadanía y no separarla del Estado. En este contexto, la sociedad civil tiene un papel vital, promoviendo un debate abierto sobre la implementación de tecnologías que, aunque prometedoras, requieren un manejo cuidadoso y comprometido con los derechos de todos.
