El departamento de Fernando Grande-Marlaska ha rechazado aplazar el desalojo de 75 familias de guardias civiles en Toledo, dejando a los afectados sin respuestas claras pese a sus reiteradas solicitudes de información. Durante una reunión, la Dirección General de la Guardia Civil se mantuvo firme en ejecutar el desalojo antes del 15 de febrero, sin proporcionar un informe justificativo de esta decisión urgente. La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la falta de transparencia y la indiferencia de las autoridades ante la problemática de las familias, quienes llevan años reportando el deterioro de sus viviendas oficiales. Aunque se han propuesto ayudas para el realojo, incluyendo viviendas ofrecidas por la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha y la propia Guardia Civil, el proceso se lleva a cabo con una limitada capacidad de decisión para los afectados, quienes sólo cuentan con 20 días para resolver su situación.
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