La Fiscalía ha solicitado una pena de siete años y medio para una profesional de la salud acusada de no administrar conscientemente las vacunas a varios niños, a pesar de que luego registraba en sus cartillas de vacunación que sí lo había hecho. Estas acciones, que han generado preocupación, forman parte de una investigación en curso para esclarecer la magnitud del incumplimiento en los protocolos de inmunización, destacando la gravedad del engaño en un contexto de salud pública.
Leer noticia completa en El Mundo.