La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (Apif) ha formulado una acusación formal contra el fiscal general, alegando que ha incurrido en los delitos de prevaricación y apoderamiento ilícito de información. Estas imputaciones han generado un revuelo significativo en el ámbito judicial, planteando serias dudas sobre la integridad y la conducta ética del máximo representante del Ministerio Público. La acusación subraya una serie de presuntas irregularidades en el manejo de información sensible y decisiones judiciales que podrían haber sido tomadas al margen de la legalidad, lo que ha motivado a la Apif a buscar una investigación exhaustiva sobre las actuaciones del fiscal general.
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