Un tribunal de Georgia ha dictaminado que la Atlanta Police Foundation (APF), una organización sin fines de lucro de ámbito privado, deberá cumplir con las solicitudes de acceso a documentos públicos según la Ley de Registros Abiertos del estado. Este veredicto marca un hito en la búsqueda de transparencia gubernamental, especialmente en el delicado contexto de la relación entre la APF y el Departamento de Policía de Atlanta.
La acción legal fue interpuesta el año pasado por el Atlanta Community Press Collective (ACPC) y Lucy Parsons Labs (LPL), miembro de la Alianza para la Frontera Electrónica. La demanda argumentaba la negativa de la APF a proporcionar información sobre su rol como arrendataria y administradora del llamado Cop City, el Centro de Entrenamiento en Seguridad Pública de Atlanta. Este tema ha suscitado gran controversia entre movimientos sociales y medioambientales locales.
Se ha puesto de manifiesto cómo la APF apoya financieramente la tecnología de vigilancia policial, lo cual genera inquietudes sobre una insuficiente supervisión pública. La fundación no solo gestiona el Centro de Entrenamiento, sino que también opera el Loudermilk Video Integration Center, ambos recursos que podrían facilitar la elusión de la supervisión pública sobre actividades policiales.
Esta victoria para el ACPC y la LPL es crucial, especialmente después de que el año pasado la Corte Suprema de Georgia dictaminara que los contratistas privados trabajando para entidades públicas deben adherirse a las leyes de registros abiertos. No obstante, la legislatura estatal posteriormente aprobó una ley que complica el proceso de solicitudes de documentos públicos contra estas entidades.
Los abogados Joy Ramsingh, Luke Andrews y Samantha Hamilton defendieron a los demandantes, obteniendo la liberación parcial de documentos en diciembre pasado. Aunque la APF aún tiene la opción de apelar, de no hacerlo, deberá empezar a cumplir con las solicitudes de acceso a registros a principios de julio.
Esta decisión trae consigo la esperanza de una mayor transparencia y responsabilidad en las contrataciones de entidades privadas para funciones públicas, facilitando el acceso de periodistas y activistas locales a materiales que deberían ser del dominio público.
