Francia se enfrenta a una crisis política sin precedentes en la Quinta República, ya que el gobierno del primer ministro Michel Barnier, sin mayoría parlamentaria, lucha por aprobar un presupuesto antes del 21 de diciembre para evitar una parálisis estatal. El país podría quedarse sin presupuesto ni gobierno, afectando a seis millones de funcionarios, debido a la oposición de bloques políticos en la Asamblea Nacional. El bloque de izquierda rechaza los recortes propuestos, mientras que Marine Le Pen condiciona su apoyo a evitar una subida de impuestos y exige el aumento de las pensiones. La situación podría empeorar debido a un juicio pendiente contra Le Pen por presunta malversación de fondos, lo cual podría influir en sus decisiones políticas. La elevada deuda pública y la falta de competitividad económica agravan el escenario, con Francia enfrentando presión de la UE para reducir su deuda y niveles de confianza de los inversores disminuyendo rápidamente. En este contexto, el uso del artículo 49.3 de la Constitución se vislumbra como la última carta para Barnier, lo que podría generar aún más incertidumbre política y económica.
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