El político mantendría su estatus de aforado si se produjera un adelanto electoral o al convocarse oficialmente elecciones autonómicas. Esta condición implica que, durante su mandato, solo puede ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de su comunidad autónoma, en lugar de los juzgados ordinarios. La figura del aforamiento en España garantiza a ciertos cargos públicos esta protección legal, originando debates sobre su vigencia y necesidad en la política actual.
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