El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta un proceso por presunta revelación de secretos junto a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. El Tribunal Supremo ha dictado auto de procesamiento contra ambos, generando una situación inédita en la justicia española. Mientras Rodríguez ha sido suspendida de su cargo, García Ortiz continúa al frente de la Fiscalía, lo que ha llevado a la Asociación de Fiscales a exigir su dimisión inmediata. Este conflicto pone en crisis la credibilidad de la Fiscalía y subraya la necesidad de reformar las normativas que rigen el cese de cargos en casos de procesamiento penal.
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