La Comisión Europea ha determinado que una cifra inicial podría incrementarse hasta el 17% si se detecta alguna «distorsión de mercado». Esta medida responde a la necesidad de mantener un equilibrio económico adecuado dentro del territorio europeo, y se adoptará en situaciones donde se identifiquen irregularidades que puedan afectar el normal funcionamiento de los mercados.

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