En un inquietante paralelo con el pasado, las grandes empresas tecnológicas están adoptando tácticas reminiscentes de la industria tabacalera de la década de 1990, con el objetivo de debilitar las leyes de privacidad estatal. Según Jake Snow, de la ACLU de California del Norte, estas estrategias buscan implementar una regulación federal en torno a la privacidad, como la Ley de Derechos de Privacidad Americana (APRA), con el propósito de anular normativas más estrictas a nivel estatal.
Esta estrategia de «preemption» que las tecnológicas parecen haber copiado de sus predecesores del tabaco busca establecer estándares federales que, aunque más laxos, se impongan sobre los más rigurosos disposiciones estatales. Tal fue la intención del «Programa de Acomodación» que la industria tabacalera trató de imponer hace décadas, al enfrentar regulaciones crecientes y una presión pública intensa para mejorar el control del consumo de tabaco.
Snow identifica un proceso de tres etapas en esta estrategia: primero, se promueven leyes débiles en varios estados; luego, se crea una narrativa de confusión sobre el cumplimiento de dichas leyes; y, finalmente, se impulsa la preempción de iniciativas locales más estrictas. Este último paso permite que una ley federal menos restrictiva reemplace a la legislación estatal, que podría ofrecer mayores salvaguardias al usuario.
La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha manifestado abiertamente su oposición a estos intentos de preempción. La organización aboga por que el Congreso establezca estándares nacionales mínimos para la privacidad, que no limiten la autoridad de los estados a reaccionar y legislar sobre problemáticas actuales y futuras. A principios de año, la EFF, junto con la ACLU y otras entidades defensoras de derechos digitales, expresaron su rechazo a las medidas de preempción incluidas en la APRA, argumentando que un estándar federal debe ser un fundamento básico, no un techo que limite a los estados.
Las empresas que gestionan datos personales frecuentemente alegan que un mosaico de leyes estatales es ineficaz para la protección de la privacidad. Sin embargo, muchas legislaciones federales ya establecen regulaciones mínimas sin impedir que los estados promulguen leyes más estrictas. Así, los estados han funcionado históricamente como «laboratorios de democracia», innovando en materia de protección de datos y privacidad.
Frente a la paralela histórica, mientras que la industria tabacalera no logró su intento de preempción, se espera que las tecnológicas encuentren una resistencia similar. La EFF sigue su cruzada por preservar la autonomía estatal para crear legislaciones que verdaderamente protejan a los ciudadanos de los crecientes riesgos en el ámbito digital. El debate sobre la preempción en las leyes de privacidad será crucial para definir el equilibrio entre regulación federal y estatal en un mundo donde la tecnología avanza implacablemente.
